Martínez Camino: «Quien apoya el aborto no puede comulgar»

noviembre 12, 2009

CAMINO

Defenderlo con campañas o votos implica una «situación objetiva de pecado público»

El portavoz de los obispos afirmó que la mujer, en la mayoría de los casos, «es también una víctima».

 

 «Ningún católico puede aprobar ni dar su voto» a leyes que atentan contra la vida. Así lo aseguró ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz de los obispos se remitía a la Encíclica de Juan Pablo II «Evangelium vitae», de 1995, que especifica que no es lícito «tomar parte en una campaña a favor de una ley así, ni votar por ella».
Quienes apoyasen así estas legislaciones, se encontrarían en una «situación objetiva de pecado público», y añadió, en tono didáctico: «Quien está en situación de pecado público no puede ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Está excomulgado? No, no por eso sólo. La excomunión es para los cooperadores directos y necesarios de un aborto efectivamente realizado».
Así, ante una audiencia compuesta de periodistas y personalidades del mundo católico convocadas para inaugurar los «Desayunos Informativos CEU», Martínez Camino explicó la diferencia entre «retirar la comunión» y «excomulgar».
 
Una herejía, contraria a la fe
Más aún, según declaró, no sólo quedan excomulgados los colaboradores necesarios en un aborto sino también los que proclaman de manera pertinaz que «es lícito quitar la vida a un ser humano inocente», porque enseñan una herejía, «contraria a la fe divina y católica».
El portavoz de la Conferencia Episcopal planteó entonces una pregunta: «¿Quiere la Iglesia que las mujeres vayan a la cárcel?». Y respondió: «No, ni las mujeres ni nadie. Pero la vida del ser humano inocente ha de ser protegida. La mujer ha de ser tratada según sus circunstancias, y para eso está el criterio del juez, los eximentes y los atenuantes. En la inmensa mayoría de los casos la mujer es también una víctima. Pero, ¿y los que se lucran con el aborto? ¿Y los que obligan a las mujeres, con violencia?».
El obispo comparó después las escasas ayudas del Estado español a la familia, comparadas con las de Alemania o Luxemburgo, y recordó que «el respaldo legal del aborto, su aceptación social, esa tragedia, como la describía Julián Marías, empezó el 18 de noviembre de 1920, en la Unión Soviética de Lenin, es decir, en un Estado totalitario, que se creía dueño de la vida». Recordó también que desde 1933, el aborto formó parte de la política racista de la Alemania nazi, que lo impuso para las «razas inferiores», y que Stalin implantó el aborto en Europa del Este. Luego, Occidente aceptó el aborto, «debido a su ambiente, su visión materialista».
Preguntado por la nueva «píldora de los cinco días», explicó que «no está prevista» una valoración por parte de los obispos, «pero eso no excluye que se haga». En opinión de Martínez Camino, sería muy parecida a la «píldora del día después», al ser «un abortivo en su intención, aunque no siempre en su realización».
Criticó el «intento del Estado de imponer una moral a todos», algo que no sería lícito, afirmó, ni siquiera si se tratase de la moral católica.
También condenó que «se imponga a los profesionales de la salud una educación que conducirá a aumentar el aborto». Por el contrario, agradeció a los profesionales de la salud que ejercen la objeción de conciencia, por «su coraje cívico y moral».
A preguntas de los periodistas, explicó que no ha habido ningún contacto entre el Gobierno y la Iglesia con respecto a la futura Ley del Aborto, «que yo sepa», y añadió: «El derecho a la vida no es negociable».
 
Revolución en los pasillos del congreso
Las declaraciones de Martínez Camino no dejaron indiferente a ningún partido político. En el grupo socialista en el Congreso, su secretario, Eduardo Madina, dijo no temer que las indicaciones del también obispo auxiliar de Madrid hagan reconsiderar el sentido de su voto a los diputados socialistas católicos porque  «saben que el voto es del PSOE». En el grupo popular la valoración de las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal se ha hecho desde otro prisma. El vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, recordó que los católicos tienen sus «normas» y defendió que quienes tienen autoridad para definir qué es ser católico tienen «el derecho y el deber» de decirlo. Para Emilio Olabarría, uno de los siete diputados del PNV, las indicaciones del portavoz de los obispos constituyen «una intromisión impropia de las funciones de la Conferencia Episcopal». Desde CiU, que ha dado en el aborto libertad de voto a sus diputados, Pere Macìas, uno de los parlamentarios que votarán en contra de la reforma de la ley, ha dicho que le incomoda «profundamente» que la Iglesia pretenda ejercer este tipo de presión, que «ni es oportuna ni la mejor para los tiempos que corren».

La Iglesia habla de aborto a los políticos

1/ Congregación para la Doctrina de la Fe, 1974
«Un cristiano no puede conformarse a una ley que en sí es inmoral; tal es el caso de una ley que admita la licitud del aborto. Tampoco puede participar en una campaña de propaganda de una ley, ni votar por ella. Más aún, no puede colaborar en su aplicación».
2/ Congregación para la Doctrina de la Fe, 2002
Los católicos «tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana» (…) «No pueden participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto».
3/ Congregación para la doctrina de la fe, 2004
A «un político católico», cuya «cooperación formal se hace manifiesta» mediante «campaña consistente y voto por leyes permisivas de aborto y eutanasia» no se le puede dejar comulgar «hasta que acabe con su situación objetiva de pecado».

(FUENTE: P. J. Ginés)
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No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

noviembre 2, 2009

Josep Singla

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)

Cuanto más corrupto, más te votan

octubre 31, 2009

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 Les pueden ver esposados entrando en los juzgados, puede ser vox populi que las arcas del ayuntamiento y las suyas son lo mismo o les pueden pillar en una orgía con un montón de prostitutas… Da igual: los votos no se resienten. El aparentemente escaso impacto electoral que tienen escándalos de lo más diverso hace que muchos electores se pregunten, en una sociedad donde las investigaciones judiciales se suceden a un ritmo mucho mayor que las sanciones políticas y penales por esas mismas conductas, si ser corrupto no hace que se ganen votos. Según Arantxa Capdevila, profesora de Comunicación Política en la Universidad Rovira i Virgili, la incidencia electoral de los múltiples escándalos en que se ven inmersos los políticos contemporáneos, que es más negativa para los afectados de lo que suele pensar la opinión pública, depende de dos factores. Por una parte, “hay que valorar tanto las normas que se transgreden como la consideración que tienen esas normas en la sociedad en la que se produce el escándalo. Hay países que no tienen demasiado en cuenta los asuntos relacionados con el sexo, como Italia, y otras, como EEUU, donde los toman muy en consideración”. En otro sentido, también debe valorarse el contexto político concreto. En España, “donde votamos listas cerradas, que haya casos determinados de corrupción no afecta demasiado, ya que se votan partidos y no personas”. Sin embargo, el problema de la valoración electoral de las conductas de nuestros cargos públicos se extiende más allá de los casos de corrupción, apuntando algunas novedades en el terreno de la comunicación política. Hay una serie de dirigentes, desde Berlusconi hasta Sarkozy (pasando por Fabra), que han tomado como puntos fuertes de su comunicación aspectos que en teoría les resultaban negativos. Así, Bush utilizó sus supuestas debilidades, en tanto persona con peor formación intelectual que sus contrincantes o con un historial juvenil negativo, para ganar las elecciones. Y las salidas de tono de Berlusconi parecen granjearle simpatías entre sus electores, quizás porque genera fenómenos de identificación: “él mismo decía que la mitad de los italianos le envidiaban”. ¿Es ese el asunto? ¿En el fondo queremos ser como Berlusconi y por eso le votamos? Pere-Oriol Costa, catedrático de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, no cree que estas personalidades desatadas acaben siendo una buena apuesta electoral. Otra cuestión es que los políticos hayan aprendido a sacar partido hasta de sus deficiencias. “Jacques Séguéla inició una técnica en la campaña de Miterrand contra Giscard que consistía en buscar el reverso de las cualidades negativas de tu candidato y de las positivas de tu adversario. Y eso lo volvimos a ver, entre otros muchos ejemplos, en las campañas estadounidenses. Así, la etapa alcohólica de Bush se convierte en un elemento político atractivo al presentarle como un hombre reformado que ha sabido sobreponerse a la adversidad; al mismo tiempo, el Al Gore experimentado con una carrera sólida como senador es dibujado como un ineficiente burócrata de Washington”. Este tipo de juegos discursivos, frecuente en las campañas actuales, parece que lo será aún más en el futuro. Sin embargo, más allá de estrategias comunicativas, los asuntos que explicarían la ratificación electoral de un cargo público tocado por el escándalo estarían relacionados fundamentalmente con cuestiones de poder cotidiano. Así, como señala Pere-Oriol Costa, “suele coincidir que el dirigente corrupto posee un gran control de los medios de comunicación. Tanto Valencia como Italia son casos ejemplares, con Berlusconi dominando las televisiones y con Camps manejando férreamente los medios públicos”. Los medios, subraya Capdevila, “no fabrican los escándalos, pero juegan un papel fundamental a la hora de difundirlos. Aunque no tanto como les atribuyen quienes se dejan llevar por teorías conspirativas, como esas que afirman que ahora salen los escándalos del PP porque el PSOE controla los medios”. El otro asunto relevante, y en muchos casos decisivo, para explicar la permanencia en el poder de los afectados por escándalos tiene que ver con la falta de una oposición política que sea visualizada como alternativa real. Según Pere-Oriol Costa, Italia y Valencia son también casos paradigmáticos en este sentido. “La alternativa a Berlusconi vive en un permanente clima de división mientras que, en el caso valenciano, el PSOE no parece contar para los votantes como opción de gobierno”. Si a esta dificultad para encontrar unas siglas que encarnen el cambio le sumamos, como afirma Jordi Rodríguez Virgili, Subdirector del Master de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra, que “cuando hablamos de corrupción en el terreno municipal, encontramos también mucho clientelismo”, la dificultad para que los corruptos pierdan toda clase de comicios quedaría explicada. Y ello a pesar que de, en este contexto, es fácil encontrar enganches comunicativos sólidos. Como asegura Rodríguez Virgili, “si la oposición tiene un mensaje regeracionista claro, si apuesta por la limpieza y la honradez y sus líderes son creíbles, entonces tiene muy sencillo ganar las elecciones”. Sin embargo, lo que suelen producir estos escándalos es una profunda desafección de los electores, elemento que suele cristalizar en un aumento de la abstención que suele venir bien a quien están en el poder. Incluso esa sensación de que todos son iguales puede repercutir positivamente en los dirigentes corruptos si trasladan a la gente el mensaje de que “aunque se lleven su 3% ellos funcionan. Si logran que los electores crean que todos roban pero que, al menos, ellos son eficaces y hacen algo por la gente, están manejando un mensaje que les será muy útil”. Y es que, como asegura el consultor político Antoni Rodríguez- Rubí, “si bien los electores no se identifican con las conductas ilícitas o poco ejemplares, tampoco están dispuestos a que su decisión política (su voto) sea cuestionado permanentemente por la oposición, por los medios… o por la justicia”. En ese sentido, se da “algo de resistencia emocional y de pereza ideológica o intelectual a cambiar de posición. Admitir que ha sido un error haber confiado en alguien del que, finalmente, te defrauda tiene un coste personal (y en la vida cotidiana de las personas) bastante importante. Los electores necesitan su tiempo, su proceso. Cambiar de voto es un coste emocional importante”. Para la mayoría de los expertos, sin embargo, lo importante no reside en el hecho en sí, sino en cómo maneje la situación. El castigo electoral dependerá, entonces, mucho más del modo en que se reaccione ante las acusaciones que del hecho de que éstas sean o no probadas. Como sintetiza Gutiérrez-Rubí, “en comunicación, la clave está en la gestión de la percepción, del tempo político y de los símbolos y lenguajes metafóricos. A veces, una buena estrategia de comunicación puede mejorar determinadas percepciones que son, en definitiva, las protagonistas de nuestras decisiones. «Comprender» todo lo que sucede reclama mucho tiempo, esfuerzo y conocimiento. «Intuir» la verdad, la sinceridad, la transparencia es una información de carácter emocional que se puede obtener con un gesto o una mirada. Y las primeras palabras, declaraciones, y reacciones son determinantes en la primera impresión (que se instala con mucha facilidad y consistencia) en los procesos de creación de opinión pública”. Coincide Rodríguez Virgili en señalar la importancia crucial de la reacción, en tanto “la ciudadanía entiende que el ser humano es falible y que las organizaciones están compuestas por muchas personas que pueden equivocarse”. Por lo tanto, disculpará hechos aislados siempre y cuando se conteste con prontitud y acierto a las acusaciones. En este orden, una buena respuesta puede incluso reforzar a la organización y, por el contrario, una mala política será nefasta. Y eso lo ve ejemplificado Virgili en asuntos recientes: “El tomate central del caso Gürtel está en Madrid y sin embargo allí se reaccionó a tiempo; en Valencia, sin embargo, la reacción no fue la adecuada y es donde el asunto está teniendo mayor repercusión política”.

(FUENTE:Esteban Hernández)

Diecisiete alcaldes detenidos en tres años por corrupción urbanística

octubre 29, 2009

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 La detención  del alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a diecisiete el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006. Bartomeu Muñoz ha sido detenido un día después de que lo fuera el regidor de Castro de Rei (Lugo) y diputado provincial del PSOE, Juan José Díaz Valiño, quien no está incluido en esta relación debido a que los delitos de los que se le acusa son prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la jefatura provincial de Tráfico.Esta es la relación de los ediles detenidos:- MARISOL YAGÜE (GIL).- Ex alcaldesa de Marbella, detenida en marzo de 2006, en la denominada “Operación Malaya”, imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros. — FRANCISCO VALIDO (PP).- Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el “Caso Faycan”, por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.- EUGENIO HIDALGO (PP).- Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la “Operación Voramar”. Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.- JUAN MARTÍN SERÓN (PP).- Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el “caso Troya” de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.- JOSE FRANCISCO GÓNZALEZ (PP).- Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la “Operación Góndola” en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

– JOSÉ MARTÍNEZ ANDREO (PP).- Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la “operación Totem”, de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. El caso sigue siendo objeto de investigación judicial.

– CANDIDO TRABALON (PA).- Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la “Operación Costurero”. En libertad con cargos está imputado por un presunto delito de prevaricación por permitir la obtención de licencias urbanísticas ilegales.

– DANIEL GARCÍA MADRID (PP).- Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008, en relación a la permuta de una parcela municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas de naturaleza rústica. En libertad con cargos se reincorporó a la alcaldía.

– ANTONIO BARRIENTOS (PSOE).- Alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008 junto a otras veinticuatro personas en la “operación Astapa”. En libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

– JUAN CARDONA (INDEPENDIENTE).- Alcalde Benitatxell (Alicante), detenido en julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. En libertad provisional, abandonó la alcaldía en febrero de 2009.

– JUAN JOSE RUBIO (INDEPENDIENTE).- Alcalde de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008.En libertad bajo fianza de 18.000 euros, había sido expulsado del PSOE tras una denuncia de la Fiscalía en 2006 por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

– JOSE JOAQUIN MOYA (PSOE).- Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido en octubre de 2008, acusado de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

– JOSE MARTINEZ GARCIA (PP).- Alcalde de Librilla (Murcia), detenido en noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales. En libertad, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, actualmente se mantiene al frente del Consistorio. El PP lo expulsó junto a los tres ediles que le apoyaron.

– FERNANDO MUGURUZA (NO ADSCRITO).- Alcalde de Castro Urdiales (Santander), fue detenido en febrero de 2009, acusado de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la construcción de unas viviendas. En libertad con cargos.

– JOSE MANUEL MARTIN ALBA (PSOE).- Alcalde de Alcaucín (Málaga), detenido en febrero de 2009, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

– MARIA VICTORIA PINILLA (PAR).- Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, detenida en marzo de 2009, acusada de un delito de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

– BARTOMEU MUÑOZ (PSC).- Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, detenido el 27 de octubre de 2009, en el marco de una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.


El caso ‘Gürtel’, El Ejido, Santa Coloma… La corrupción se extiende por toda España

octubre 29, 2009

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“Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía. El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%. La opacidad de los partidos políticos Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante. El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC. Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006. Los empresarios, también bajo sospecha Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de . El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”. No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática. Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad. Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

  (FUENTE:Alberto Mendoza).

 


La larga mano de María Antonia Munar

octubre 21, 2009

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La líder de Unió Mallorquina es socia del PSOE en el Gobierno balear

El TSJB imputa a la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística

Hasta ahora, Maria Antonia Munar siempre había conseguido eludir la acción de la Justicia, pese a que en los últimos tiempos, muchas de las personas que habían trabajado a su sombra, habían salido mal paradas. El ser socia del PSOE en el Gobierno de las islas y haber ayudado a desalojar al PP del poder, integrando una alianza de cinco partidos, no le van a servir de mucho. La presidenta del Parlament balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina se unirá el 16 de noviembre a la larga lista de políticos y dirigentes que han tenido que visitar los juzgados acusados de llenarse los bolsillos con tropelías urbanísticas.

EL CHANTAJE AL SOCIO

Hace escasamente una semana y de forma pública, María Antania Munar solicitó personalmente a su socio de gobierno, el presidente socialista del Govern Francesc Antich, que intercediese ante el Gobierno Zapatero para que la Fiscalía y la Agencia Tributaria detuvieran lo que calificó de “cerco judicial” a la vieja guardia de Unió Mallorquina (UM) por los cinco graves casos de corrupción derivados de su mandato la pasada legislatura. Munar sugirió que tanto Hacienda como el Ministerio Público variasen su línea de acción aunque para ello tuvieran que adoptar “medidas drásticas”. Sólo así, deslizó, se garantizaría su apoyo al frente de las principales instituciones baleares hasta final de legislatura.

 LOS CHORIZOS ABUNDAN

 En los últimos meses, han sido varios los casos de corrupción que han salpicado a UM pero el último golpe lo ha dado este miércoles el TSJB, que tras asumir hace dos semanas la causa de Can Domenge, ha decidido imputar a la hasta ahora intocable Maria Antònia Munar. Aunque es de suponer que la policía no les obligue a desfilar esposados por la muñeca derecha, como hizo hace unos meses con unos dirigente del PP, con ella comparecerán Fernando Rubio Aguiló, ex portavoz del PP en el Consell y también diputado, el diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens y el conseller de Turismo, Miquel Nadal.

EL CASO CAN DOMENGE

Todos aparecen implicados hasta la ingle en la venta fraudulenta a la empresa Sacresa de Can Domenge, un solar público de 52.000 metros cuadrados. Lo más llamativo fue el precio -30 millones de euros- muy por debajo del precio de mercado. Pero a eso s e suma que el proyecto del arquitecto Jean Nouvel fue elegido a dedo y los datos para que concurrieran sin competencia fueron filtrados a los “elegidos” meses antes de celebrarse el obligado concurso público. Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en el momento en que se formalizó la venta por parte del Consell de Mallorca era de casi 60 millones de euros. El doble de lo que pagaron los afotunados amigos de María Antonio Munar y de sus socios en el gobierno balear. El pelotazo fue denunciado por el promotor Nuñez y Navarro que había ofrecido el doble del dinero pagado por el solar. El promotor perjudicado por el “dedazo” se querelló contra todos los consellers que votaron a favor de la venta del solar a Sacresa. En su informe, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, señala: ‹ “Los políticos de UM en el Consell usaron el Plan Territorial como mero pretexto para favorecer a Sacresa al adjudicar la parcela de Can Domenge por 30 millones de euros y que sacaron el concurso en plenas fechas navideñas con el fin de eliminar la competencia a la promotora catalana y propiciar así que se quedase con el mejor solar público por la mitad de su precio real”. › ‹ “Fue la primera vez en la historia de la Administración española que se establece un precio máximo, es decir, que la administración renuncia de forma altruista a obtener el valor real de un bien público”. ›

OTROS CASOS

 El caso Can Domenge no es el único en el que la presidenta del Parlament o sus más estrechos colaboradores se han visto envueltos, la Fiscalía Anticorrupción también ha seguido sus pasos en casos como Son Oms, la Operación Peaje, el Plan Territorial de Mallorca o la Piñata. ( FUENTE: Periodista Digital ).·.

 


¿Reconoce a las hijas de Zapatero en la carroza del PSOE del Orgullo Gay?

julio 6, 2009
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Aunque intenta mantenerlas alejadas de los flashes y la vida pública, a las hijas de ZP les va la marcha. La carroza socialista de la marcha del Orgullo Gay 2009 en Madrid contó con la presencia de las hijas del presidente del Gobierno, según publica El Mundo. Ambas engrosaron la delegación del PSOE y del Gobierno, encabezada por la ministra Bibiana Aído y por Leire Pajín. No obstante, Laura, de 15 años, y Alba, de 13, pasaron desapercibidas incluso para los encargados de la organización.

Es loable la intención del presidente de mantenerlas al margen del bullicio mediático pero esta vez el matrimonio ZP se ha salvado por los pelos de que las fotos de sus hijas en una carroza gay no diera la vuelta la mundo. Si el presidente quiere dejar fuera de los focos a las niñas debería ser más prudente a la hora de marcar su exposición pública.

Las hijas de Rodríguez Zapatero fueron alumnas primero del colegio público “San Miguel”, que se encuentra a las afueras de Madrid, en Las Rozas. Después, ya con su padre en La Moncloa, se cambiaron al “Asunción Rincón”, en el distrito de Chamberí, donde también estudiaban las hijas de Jesús Caldera. Cuenta El Confidencial Digital como la novedad de la llegada de las hijas del presidente a este centro provocó algunas dificultades, por los atascos que se provocaban cada mañana debido al despliegue de seguridad que les acompañaba, lo que dio origen incluso a protestas de otros padres.

Recientemente, han cambiado de centro, para marchar a estudiar a un instituto situado cerca de la zona universitaria y que es el que se encuentra más próximo al Palacio de la Moncloa, la residencia presidencial. En él estuvieron matriculados también los tres hijos de Felipe González, y actualmente es alumna del mismo la única hija de Gaspar Llamazares. ( FUENTE: PD ).·.