No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

noviembre 2, 2009

Josep Singla

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)
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El Gobierno de Pujol sabía que Millet desviaba fondos

octubre 24, 2009

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La Generalitat desoyó una auditoría de 2003 que advertía de la salida del Consorcio del Palau de 539.424 euros

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación.También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron de esta entidad 539.424 euros en concepto de “colaboraciones” con la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones. El consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen de la trama de desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica todo lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificaba el presupuesto a su antojo sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros.

El Palau de la Música justificó esa inyección de dinero como “una cuantía variable por colaboraciones”. La advertencia era ya suficiente para alertar al Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el convergente Francesc Homs, que tenía encima de la mesa otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que advertía de que los pagos del consorcio a la asociación en concepto de “colaboraciones” eran prácticas irregulares.

Sin embargo, el empleo irregular del dinero público no terminó ahí. El interventor de la Generalitat constató que los contratos de Millet y Montull eran “verbales”. Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más de un 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que el año pasado fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet se gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo catalán también advirtió de que no se realizaron “los arqueos de caja”, es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que contaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista. Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye “el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda”. Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Por otra parte, ayer la fiscalía elevó a 20 millones de euros la desviación de fondos cometida por Millet en el Palau de la Música. El fiscal, además, recordó que siguen “aflorando más depreciaciones”, como las bodas de sus hijas, que corrieron a cargo del Palau.

( FUENTE: LLUÍS PELLICER ).·.

EE UU pide a Suiza la extradición de Polanski

octubre 23, 2009

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 El director de cine, procesedo por violar a una menor, podría apelar al Tribunal Federal suizo en última instancia 

 Estados Unidos ha solicitado formalmente a Suiza la extradición del cineasta Roman Polanski, detenido en este país desde el pasado 26 de septiembre por un proceso por violación de una menor que tiene pendiente desde 1977 ante la Justicia estadounidense. La Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ) ha confirmado hoy que anoche recibió la solicitud de extradición. La petición de extradición se basa en una orden de detención dictada el 1 de febrero de 1978 por un tribunal de California debido a que Polanski no se presentó ante el juez a pesar de haberse comprometido a ello. En ese procedimiento judicial, el cineasta franco-polaco se había declarado culpable de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 13 años, razón por la cual está perseguido por las autoridades de EEUU. El objetivo de la extradición es que el tribunal competente pueda pronunciar su pena por ese delito. El cineasta contará con un plazo para presentar sus alegaciones a la reclamación de la Justicia estadounidense. “Sobre la base de la demanda de extradición y de las observaciones de Roman Polanski, la OFJ decidirá si conviene aprobar la demanda de extradición a Estados Unidos”, ha señalado la instancia judicial. Como últimas posibles etapas de este procedimiento -si se acordara la extradición- están eventuales apelaciones que la defensa podría presentar al Tribunal Federal Penal suizo y, en última instancia, al Tribunal Federal. El abogado de Polanski, Georges Kiejman, ha señalado que su cliente podría decidir ir voluntariamente a EEUU para explicarse ante la Justicia con el fin de evitar permanecer detenido durante un proceso de extradición que podría durar meses. “Si este proceso se eterniza, no es completamente imposible que Roman Polanski decida ir a explicarse a Estados Unidos (…), donde los argumentos en su favor no son inexistentes”, sostuvo el abogado. Los cargos contra el director de cine fueron retirados por su víctima, quien además declaró hace diez años que le había perdonado. Esta semana, el Tribunal Federal Penal de Suiza negó al cineasta la libertad condicional por considerar que existía un riesgo elevado de fuga, tanto por los “medios” económicos de que dispone Polanski, como por sus “motivaciones”. El letrado detalló que entre esas motivaciones podría encontrarse el deseo de reunirse con su familia, así como el impacto que tendría para su carrera la interrupción prolongada de su trabajo. Polanski fue detenido en el aeropuerto de Zúrich, donde debía asistir a un festival de cine que tenía programado rendirle un homenaje por su destacada carrera en el cine.

(FUENTE:EFE)

La larga mano de María Antonia Munar

octubre 21, 2009

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La líder de Unió Mallorquina es socia del PSOE en el Gobierno balear

El TSJB imputa a la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística

Hasta ahora, Maria Antonia Munar siempre había conseguido eludir la acción de la Justicia, pese a que en los últimos tiempos, muchas de las personas que habían trabajado a su sombra, habían salido mal paradas. El ser socia del PSOE en el Gobierno de las islas y haber ayudado a desalojar al PP del poder, integrando una alianza de cinco partidos, no le van a servir de mucho. La presidenta del Parlament balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina se unirá el 16 de noviembre a la larga lista de políticos y dirigentes que han tenido que visitar los juzgados acusados de llenarse los bolsillos con tropelías urbanísticas.

EL CHANTAJE AL SOCIO

Hace escasamente una semana y de forma pública, María Antania Munar solicitó personalmente a su socio de gobierno, el presidente socialista del Govern Francesc Antich, que intercediese ante el Gobierno Zapatero para que la Fiscalía y la Agencia Tributaria detuvieran lo que calificó de “cerco judicial” a la vieja guardia de Unió Mallorquina (UM) por los cinco graves casos de corrupción derivados de su mandato la pasada legislatura. Munar sugirió que tanto Hacienda como el Ministerio Público variasen su línea de acción aunque para ello tuvieran que adoptar “medidas drásticas”. Sólo así, deslizó, se garantizaría su apoyo al frente de las principales instituciones baleares hasta final de legislatura.

 LOS CHORIZOS ABUNDAN

 En los últimos meses, han sido varios los casos de corrupción que han salpicado a UM pero el último golpe lo ha dado este miércoles el TSJB, que tras asumir hace dos semanas la causa de Can Domenge, ha decidido imputar a la hasta ahora intocable Maria Antònia Munar. Aunque es de suponer que la policía no les obligue a desfilar esposados por la muñeca derecha, como hizo hace unos meses con unos dirigente del PP, con ella comparecerán Fernando Rubio Aguiló, ex portavoz del PP en el Consell y también diputado, el diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens y el conseller de Turismo, Miquel Nadal.

EL CASO CAN DOMENGE

Todos aparecen implicados hasta la ingle en la venta fraudulenta a la empresa Sacresa de Can Domenge, un solar público de 52.000 metros cuadrados. Lo más llamativo fue el precio -30 millones de euros- muy por debajo del precio de mercado. Pero a eso s e suma que el proyecto del arquitecto Jean Nouvel fue elegido a dedo y los datos para que concurrieran sin competencia fueron filtrados a los “elegidos” meses antes de celebrarse el obligado concurso público. Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en el momento en que se formalizó la venta por parte del Consell de Mallorca era de casi 60 millones de euros. El doble de lo que pagaron los afotunados amigos de María Antonio Munar y de sus socios en el gobierno balear. El pelotazo fue denunciado por el promotor Nuñez y Navarro que había ofrecido el doble del dinero pagado por el solar. El promotor perjudicado por el “dedazo” se querelló contra todos los consellers que votaron a favor de la venta del solar a Sacresa. En su informe, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, señala: ‹ “Los políticos de UM en el Consell usaron el Plan Territorial como mero pretexto para favorecer a Sacresa al adjudicar la parcela de Can Domenge por 30 millones de euros y que sacaron el concurso en plenas fechas navideñas con el fin de eliminar la competencia a la promotora catalana y propiciar así que se quedase con el mejor solar público por la mitad de su precio real”. › ‹ “Fue la primera vez en la historia de la Administración española que se establece un precio máximo, es decir, que la administración renuncia de forma altruista a obtener el valor real de un bien público”. ›

OTROS CASOS

 El caso Can Domenge no es el único en el que la presidenta del Parlament o sus más estrechos colaboradores se han visto envueltos, la Fiscalía Anticorrupción también ha seguido sus pasos en casos como Son Oms, la Operación Peaje, el Plan Territorial de Mallorca o la Piñata. ( FUENTE: Periodista Digital ).·.

 


El juez deja libres a los saqueadores del Palau y sólo les quita el pasaporte

octubre 20, 2009

 

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Millet confirma que pagó comisiones, pero se niega a identificar a quién

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental.

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental. Más de cuatro meses después de la querella que inició este proceso, el juez los había citado a declarar como imputados, pero la única medida cautelar que acordó contra ellos fue retirarles el pasaporte.

La fiscalía, así como los abogados del Consorcio del Palau de la Música y del Orfeó Català, reclamaron la prisión incondicional y sin fianza para ambos acusados, pero el magistrado Juli Solaz anunció de viva voz que rechaza la petición. El auto judicial que recoge esa decisión será notificado hoy. La fiscalía ya ha anunciado que lo recurrirá ante la Audiencia de Barcelona.

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona advirtió en el auto de imputación de Millet y Montull que el interrogatorio se limitaría a los hechos relatados en la querella del fiscal -el desvío de 2,3 millones de euros durante los años 2003 y 2004 en billetes de 500- y en los extremos que ambos reconocieron en la carta inculpatoria remitida al juzgado el pasado 15 de septiembre. Y así ocurrió. Éstas son las principales cuestiones sobre las que respondieron ambos acusados.

– Billetes de 500 euros para orquestas. Los dos acusados declararon al juez que el dinero extraído en billetes de 500 euros no se lo han quedado ellos, sino que sirvió para realizar pagos en dinero negro a las orquestas que actuaban en el Palau. Sin embargo, en la documentación intervenida por los Mossos d’Esquadra tras el registro realizado el 23 de julio no se ha encontrado ningún escrito que relacione esos pagos. Cuando fue preguntado por este extremo, Millet explicó que de estos asuntos se ocupaba Montull, que era el director administrativo del Orfeó. Éste, a su vez, relató que no lo apuntó en ningún documento porque se fiaba de su memoria.

– Abono de comisiones. Millet lo confesó en su carta inculpatoria remitida al juez y que también suscribió Montull. Ayer confirmó que hizo esos pagos, pero se negó a dar los nombres de los beneficiarios con el pretexto de que no quería perjudicarles y de que éstos lo negarían. Sí reconoció, sin embargo, que uno de los beneficiarios fue Manuel Carreras Fisas, vicepresidente tercero de la Fundación Orfeó Català y que tenía una asignación fija de 12.000 euros mensuales por este concepto.

– Pagos a la fundación Trias Fargas. El fiscal preguntó si se habían realizado otra clase de pagos distintos de los confesados, en referencia implícita al dinero desviado a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, que recibió 630.000 euros del Palau. Millet se limitó a responder que sí Después de muchos días de titubeos, el presidente de CiU, Artur Mas, anunció ayer que devolverían ese dinero, aunque no de forma inmediata para que no se entienda que el partido actuó de manera ilegal.

– Cobro de primas millonarias. Millet también confesó que estuvo varios años cobrando más de un millón anual en concepto de bonus, al amparo de una previsión que figura en el acta fundacional de la entidad. En realidad, esa anotación como tal no existe, sino que fue incorporada al registrar los estatutos en la Generalitat. En cualquier caso, Millet aclaró que hasta 2008 cobró en dinero negro, que ese año se incorporó a la nómina ese concepto y que en 2009 lo percibió a través de sociedades pantalla.

– Gemma Montull, exculpada. La querella de la fiscalía se dirige también contra Gemma Montull, hija del acusado, y contra los ex tesoreros del Orfeó Pau Duran y Enric Álvarez. El juez no se ha pronunciado todavía sobre ellos con el argumento de que no han confesado. Con todo, Jordi Montull aprovechó ayer su declaración para exculpar a su hija, de la que dijo que era una administrativa, a pesar de que tuviera capacidad de decisión. Esta mujer intentó esconder un lápiz de memoria el día que los Mossos registraron el Palau. Contenía información que desvelaba el supuesto desvío de otros 1,7 millones de euros a través de empresas pantalla propiedad de su padre o de Millet. También contenía información sobre la venta de un local al Orfeó por tres millones de euros, a través de una empresa de Millet y Montull. El inmueble estaba tasado en la mitad, aunque al final no se materializó la venta, al ser descubierta por los nuevos gestores del Palau.

– Las esposas. Millet y Montull también aprovecharon su declaración para exculpar de cualquier responsabilidad a sus esposas. En el sumario consta que ambas mujeres figuran como administradoras de las sociedades pantalla Ausen Produccions y Bonoima, que sirvieron para facturar otros 663.301 euros al Palau de la Música por estudios de dudosa utilidad referidos, por ejemplo, al impacto de la celebración del centenario del Palau en las instituciones catalanas. ( Fuente: Pere Ríos).