Los Albertos conocerán hoy la sentencia del caso de la carta falsa utilizada en Urbanor

octubre 23, 2009

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La Audiencia Provincial de Madrid hará pública hoy la sentencia por el ‘caso de la carta falsa’ contra Alberto Cortina, Alberto Alcocer, sus dos abogados, y otros tres acusados por la presunta falsificación de una misiva con la que trataron de conseguir la revisión de la condena dictada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo contra ‘los Albertos’ por el ‘caso Urbanor’, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press. ‘Los Albertos’, sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, la documentalista Gloria Álvarez y los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco se enfrentan a penas de entre dos y ocho años de cárcel como presuntos autores o cooperadores de delitos de falsedad en documento privado (artículo 395 del Código Penal), denuncia falsa (artículo 456 del CP) y estafa procesal (artículos 248 y 250 del CP). Sea cual sea el veredicto final, tanto los abogados de las defensas como de las acusaciones particulares se preparan ya para presentar sus respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que alargará varios años más la sentencia final, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press. Todos ellos están acusados de “realizar un concierto, con el correspondiente reparto de papeles” para confeccionar un documento falso con el que se trató de demostrar ante la Justicia que los socios minoritarios de Urbanor, Julio San Martín y Pedro Sentieri, lo ocultaron al tribunal que juzgó el caso la existencia de dos precios, según concluyó el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, en su auto de petición de apertura de juicio del 16 de mayo de 2008. El Tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid deberá dirimir si absuelve o no a ‘los Albertos’ por prescripción del delito y existencia de vulneración de los derechos fundamentales, de presunción de inocencia y de la legalidad penal, tal y como solicitaron sus abogados en las cuestiones previas al juicio. Las defensas alegaron que no existe estafa procesal, delito de mayor gravedad de los tres que se les imputan, porque el auto de apertura de juicio por la carta falsa fue anterior a la sentencia absolutoria dictada por el Supremo el 25 de junio de 2008, que acogió la doctrina de prescripción del delito adoptada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 20 de febrero de 2008. Esta sentencia anuló la condena a tres años y cuatro meses de cárcel dictada en marzo de 2003 por el Supremo contra los empresarios por estafar a sus socios en Urbanor durante el proceso de venta de los terrenos de Plaza Castilla donde se sitúan las torres KIO. El fiscal no acusa a Los Albertos y los abogados El Ministerio Fiscal no acusa a ‘los Albertos’ ni a sus abogados al considerar que todos ellos fueron “víctimas de un engaño” por parte de los otros tres acusados contra los que pide penas de dos años y cinco meses de prisión. La Fiscalía mantiene que fueron ellos quienes urdieron el plan para engañar a los empresarios y sus representantes legales con la finalidad de obtener un beneficio económico por la carta. La acusación particular ejercida por el arquitecto Pedro Sentieri y sus socios valencianos Luis García Alarcón y Francisco Castelló, solicita una condena de cuatro años y once meses de cárcel para Cortina y Alcocer, cuatro años y siete meses para Hermosilla, Álvarez y los hermanos Arnáiz y tres años para Peláez. Por su parte, el constructor Julio San Martín no ha formulado acusación contra Hermosilla y Peláez pero pide penas de ocho años y cuatro meses de prisión para ‘los Albertos’, los hermanos Arnáiz y Álvarez. El tribunal, presidido por Ángela Acevedo Frías y formado por las magistradas María Teresa García Quesada y Ana Mercedes Del Molino Romera, dejó la causa vista para sentencia el pasado 23 de septiembre tras seis días de una vista oral. El juicio estuvo marcado por la presencia de testigos de excepción como el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, o el decano del colegio de abogados de Madrid y consejero independiente de Repsol y Barclays, Antonio Hernández-Gil. Antecedentes La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por Sentieri y dirigida a San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el ‘caso Urbanor’, un mes después, que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO. Según el relato de los hechos, Álvarez se puso en contacto con los abogados de ‘los Albertos’ en 2001 para ofrecerles documentos que podían eximirles del proceso penal de Urbanor, sin obtener resultado. En 2003, dos días después de la condena del Supremo, los hermanos Arnáiz volvieron a ofrecer estas pruebas a los abogados. El 27 de marzo de 2004, asesorados por Hermosilla, ‘los Albertos’ y los Arnáiz suscribieron un contrato ante notario en el que los empresarios se comprometían a pagarles 4,5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización, en caso de absolución. El 9 de abril de 2003, Álvarez presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado para pedir que se investigue la aparición de la carta en su buzón de forma anónima, de aquí partió una investigación penal, que en enero de 2004 fue asumida por Peláez, quien a su vez presentó el recurso de revisión ante el Supremo.( Fuente: El Mundo ).·.

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El juez deja libres a los saqueadores del Palau y sólo les quita el pasaporte

octubre 20, 2009

 

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Millet confirma que pagó comisiones, pero se niega a identificar a quién

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental.

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental. Más de cuatro meses después de la querella que inició este proceso, el juez los había citado a declarar como imputados, pero la única medida cautelar que acordó contra ellos fue retirarles el pasaporte.

La fiscalía, así como los abogados del Consorcio del Palau de la Música y del Orfeó Català, reclamaron la prisión incondicional y sin fianza para ambos acusados, pero el magistrado Juli Solaz anunció de viva voz que rechaza la petición. El auto judicial que recoge esa decisión será notificado hoy. La fiscalía ya ha anunciado que lo recurrirá ante la Audiencia de Barcelona.

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona advirtió en el auto de imputación de Millet y Montull que el interrogatorio se limitaría a los hechos relatados en la querella del fiscal -el desvío de 2,3 millones de euros durante los años 2003 y 2004 en billetes de 500- y en los extremos que ambos reconocieron en la carta inculpatoria remitida al juzgado el pasado 15 de septiembre. Y así ocurrió. Éstas son las principales cuestiones sobre las que respondieron ambos acusados.

– Billetes de 500 euros para orquestas. Los dos acusados declararon al juez que el dinero extraído en billetes de 500 euros no se lo han quedado ellos, sino que sirvió para realizar pagos en dinero negro a las orquestas que actuaban en el Palau. Sin embargo, en la documentación intervenida por los Mossos d’Esquadra tras el registro realizado el 23 de julio no se ha encontrado ningún escrito que relacione esos pagos. Cuando fue preguntado por este extremo, Millet explicó que de estos asuntos se ocupaba Montull, que era el director administrativo del Orfeó. Éste, a su vez, relató que no lo apuntó en ningún documento porque se fiaba de su memoria.

– Abono de comisiones. Millet lo confesó en su carta inculpatoria remitida al juez y que también suscribió Montull. Ayer confirmó que hizo esos pagos, pero se negó a dar los nombres de los beneficiarios con el pretexto de que no quería perjudicarles y de que éstos lo negarían. Sí reconoció, sin embargo, que uno de los beneficiarios fue Manuel Carreras Fisas, vicepresidente tercero de la Fundación Orfeó Català y que tenía una asignación fija de 12.000 euros mensuales por este concepto.

– Pagos a la fundación Trias Fargas. El fiscal preguntó si se habían realizado otra clase de pagos distintos de los confesados, en referencia implícita al dinero desviado a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, que recibió 630.000 euros del Palau. Millet se limitó a responder que sí Después de muchos días de titubeos, el presidente de CiU, Artur Mas, anunció ayer que devolverían ese dinero, aunque no de forma inmediata para que no se entienda que el partido actuó de manera ilegal.

– Cobro de primas millonarias. Millet también confesó que estuvo varios años cobrando más de un millón anual en concepto de bonus, al amparo de una previsión que figura en el acta fundacional de la entidad. En realidad, esa anotación como tal no existe, sino que fue incorporada al registrar los estatutos en la Generalitat. En cualquier caso, Millet aclaró que hasta 2008 cobró en dinero negro, que ese año se incorporó a la nómina ese concepto y que en 2009 lo percibió a través de sociedades pantalla.

– Gemma Montull, exculpada. La querella de la fiscalía se dirige también contra Gemma Montull, hija del acusado, y contra los ex tesoreros del Orfeó Pau Duran y Enric Álvarez. El juez no se ha pronunciado todavía sobre ellos con el argumento de que no han confesado. Con todo, Jordi Montull aprovechó ayer su declaración para exculpar a su hija, de la que dijo que era una administrativa, a pesar de que tuviera capacidad de decisión. Esta mujer intentó esconder un lápiz de memoria el día que los Mossos registraron el Palau. Contenía información que desvelaba el supuesto desvío de otros 1,7 millones de euros a través de empresas pantalla propiedad de su padre o de Millet. También contenía información sobre la venta de un local al Orfeó por tres millones de euros, a través de una empresa de Millet y Montull. El inmueble estaba tasado en la mitad, aunque al final no se materializó la venta, al ser descubierta por los nuevos gestores del Palau.

– Las esposas. Millet y Montull también aprovecharon su declaración para exculpar de cualquier responsabilidad a sus esposas. En el sumario consta que ambas mujeres figuran como administradoras de las sociedades pantalla Ausen Produccions y Bonoima, que sirvieron para facturar otros 663.301 euros al Palau de la Música por estudios de dudosa utilidad referidos, por ejemplo, al impacto de la celebración del centenario del Palau en las instituciones catalanas. ( Fuente: Pere Ríos).